NUEVO LAREDO, TAM.- A la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) le preocupa que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda de forma unilateral, bloquear cuentas bancarias, cuando no cuente con indicios suficientes que se trata de personas o actos relacionados con delitos de financiamiento al terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La posición de la COPARMEX es que esta reforma podría afectar garantías individuales y es, además, contraria al principio de seguridad jurídica de los particulares.
Se trata de la iniciativa del senador Ricardo Monreal Ávila, y la COPARMEX resaltó que dicha reforma supuestamente respeta los derechos procesales de las personas que son incluidas en la lista de personas bloqueadas, así como su garantía de audiencia, y que se establecen plazos para comparecer ante la UIF, para que dicha Unidad emita una resolución fundada y motivada que podría ser impugnada por el interesado.
La COPARMEX exige a la UIF, certeza y objetividad en los criterios que provocarán la inclusión en la lista de personas bloqueadas, dado que estos no deben ser facultades discrecionales, ocultas o difusas definidas por la autoridad mencionada, y para garantizar que no haya uso indebido de estas atribuciones, que los servidores públicos que no acrediten haber aplicado los criterios correspondientes para la inclusión en la lista de personas bloqueadas, se les sancione de forma severa y ejemplar.
El bloqueo de operaciones activas y pasivas, así como el de servicios bancarios, no deja de ser una medida cautelar, y lo que se busca es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda mantener por más tiempo sus efectos.
Por otra parte, en la Confederación Patronal consideramos que en la iniciativa se intenta solventar la falta de correspondencia constitucional señalada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al establecerse el procedimiento de bloqueo de cuentas, incluyendo la garantía de audiencia, pero no se distingue el tipo de acto o investigación que motiva el bloqueo, lo cual podría derivar en actos discrecionales de la autoridad.
