El presidente Andrés Manuel López Obrador decidió derogar la reforma educativa aprobada constitucionalmente en 2013 a través de un memorándum. La decisión fue criticada por partidos de oposición, especialistas y la sociedad civil porque viola el Estado de Derecho. El documento instruye a tres secretarías de gobierno dejar sin efecto las medidas en las que se haya traducido la reforma. Sin embargo, el presidente ha dejado claro que la decisión no es legal, sino política; porque es una muestra de su compromisoy su intensión por mejorar la relación del Estado con el magisterio. ¿Y la educación?
El presidente se comprometió a derogar la reforma aprobada en el sexenio anterior, y acordar una contra-reforma. Sin consultar evidencia del impacto en la educación de la reforma aprobada, el gobierno federal decidió realizar una nueva reforma porque se considera que la anterior es punitiva para el magisterio. Es claro que durante campaña, el entonces candidato acordó con líderes magisteriales para que lo apoyaran, con la promesa de regresar sus privilegios, como la distribución de plazas sin muestra de una mejora continua por parte de los docentes.
La contra-reforma no avanzó como el presidente lo tenía contemplado. La falta de acuerdos paralizó la nueva propuesta en el Congreso de la Unión y generó manifestaciones por casi un mes. Ante la parálisis, el presidente giró un memorándum a los titulares de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) para dejar sin efectos la reforma de 2013, así como instrucciones para que la SHCP pagué la nómina magisterial, la SEP se encargue de la distribución de plazas, se reincorpore a docentes que no cumplieron exitosamente sus evaluaciones e indemnizar a familiares de docentes que hayan perdido la vida en protestas en contra de la reforma anterior.
Las instrucciones expresadas en el memorándum son anticonstitucionales y atentan contra el Estado Derecho. Así lo han expresado, a través de distintos medios de comunicación, partidos de oposición, especialistas y la sociedad civil. Entre las críticas realizadas, las más relevantes son referentes a la falta de fundamento legal de la atribución, obliga a los titulares de las secretarías a desobedecer la Constitución y las leyes secundarias en la materia y atenta contra la división de poderes, encarnando en una persona, el presidente, atribuciones ejecutivas y legislativas.
En las mañaneras del martes y miércoles, el presidente anunció el memorándum y ha defendido la decisión. En ninguna declaración el presidente ha planteado la finalidad y objetivos en materia educativa de la contra-reforma y mucho menos de su última decisión anticonstitucional. Por el contrario, ha dejado claro que sus decisiones no tienen en el centro la calidad y mejora educativa para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y que sólo se trata de compromisos políticos por cumplir.
