Las agrupaciones internacionales y regionales surgidas al término de la Segunda Guerra Mundial, se han visto, en sus dimensiones estructurales y en sus concepciones teórico-filosóficas, impactadas por los fenómenos de la globalidad, y han pasado, en el corto tiempo y casi inadvertidamente, de tener funciones domésticas y de acompañamiento institucional con los Estados nacionales, a figuras supranacionales con pertinencia y poder por encima de Las soberanías nacionales.
Más bien, hoy que nunca, cabe reclamarles a todas ellas, su evidente e inocultable subordinación a los gobiernos de Estados Unidos de Norteamérica; ciertamente que nunca y desde su inicio tuvieron autonomía real y objetiva, más ahora, su cinismo y abyecta conducción es de dar pena, y se precisa por lo mismo, reclamarles por lo menos, asumir un poco de dignidad y vergüenza institucional.
Desde su fundación su financiamiento y ubicación geográfica (todos tienen sede en Washington), dejó mucho que desear, pero hoy ante un beligerante y majadero ejecutivo de la nación norteamericana que en sus asambleas plenarias les exige comportarse como y en calidad de súbditos del gran imperio del norte, disfrazado de república democrática y liberal, so pena, de retirarles el pago de cuotas (35% del total de sus ingresos), y además el beneplácito de su anfitriona.
Dígame usted, amigo lector, cuándo ha visto o leído que por ejemplo, Las Organización de Estados Americanos, le haya reclamado o impuesto sanciones al gobierno americano por violar de manera constante y casi de forma institucionalizado los derechos humanos de inmigrantes, o que la Corte Internacional de los Derechos Humanos haya resuelto condena alguna en contra del vecino del norte, por discriminación racial, crímenes de odio, femenicidios, y culpas o transgresiones en los muy frecuentes actos de guerra.
En cambio, y en franca irrupción al orden constitucional y soberanía nacional de los países latinoamericanos, tanto la Comisión, como la Corte Internacional de los Derechos Humanos de la OEA, ha impuesto sanciones e intervenido de manera ejecutiva a fin de derrocar gobiernos como es el caso de Guatemala, Venezuela, y hoy Honduras, aduciendo actos de corrupción, procesos electorales opacos, y otras causas no siempre justas o reales.
En México, y en fechas muy recientes, se pretendió hacer lo mismo, con el caso del asesinato de los seudo estudiantes de una normal rural del estado de Guerrero, cuya politización extrema auspiciada por los enviados de ese organismo internacional, tuvo un altísimo costo político para el país, y en particular para el actual gobierno federal, del que aún no se recupera. Un crimen responsabilidad del nivel municipal y estatal, que por razones político-electorales, de los opositores al gobierno y los afectados por las recientes reformas estructurales, se le adjudicó mediáticamente al ámbito federal para causar su deterioro e imagen pública.
Es por tanto despropósito ocurrido y por ocurrir en este sentido, que es importante y por supuesto muy conveniente, que los constitucionalistas mexicanos y latinoamericanos en particular, estudien y revisen en el propio seno de sus congresos camerales, y demás instancias de la República, las facultades y condiciones que deben prevalecer para que un gobierno firme tratados o convenios internacionales que posteriormente se homologan o agregan a los textos constitucionales locales, para darles vigencia y perturbar la vida de las naciones soberanas.
NOS VEMOS Y LEEMOS EL PRÓXIMO MARTES.
