La reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) no debe someterse a intereses políticos. Es cierta la necesidad de realizar mejoras en el acceso e impartición de justicia en México. La impunidad no puede seguir siendo una constante. Sin embargo, se debe reformar asegurando la división de poderes en la norma y en la praxis. La autonomía del PJF es importante en el contexto político actual, en el que el representante del Poder Ejecutivo y la mayoría de congresista en el Poder Legislativo son de un mismo partido.
Es plausible que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, declare que la reforma del PJF debe surgir del mismo, y que el Ejecutivo no pretender influir en su transformación. Sin embargo, se debe ser claro y observar que la Administración Federal actual está transformando instituciones a favor de su proyecto político, la llamada “cuarta transformación”. Esto se observa en el debilitamiento y constantes críticas a organismos autónomos que fungen como contrapeso y evaluadores del desempeño gubernamental.
Es cierto que para realizar la tan esperada reforma los tres poderes de la Unión deben trabajar en conjunto, pero cada uno en su ámbito de competencias. La batuta la debe tener el Poder Judicial. Éste debe realizar los diagnósticos pertinentes y elaborar una propuesta que favorezca el acceso a la justicia a todos los ciudadanos por igual.. Por lo anterior, políticos de oposición, académicos y especialistas en la materia consideran que la reforma debe realizarse de dentro hacia fuera y no de afuera hacia dentro.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se pronunció a favor de reformar. Estas buenas intenciones deben sortear amenazas internas y externas. Una de la amenazas internas es el tiempo que le resta al presidente de la SCJN, pues ya cumplió con una octava parte de su tiempo de mandato, que es de cuatro años. Una segunda amenaza son las inercias y la resistencia que existen al interior del Poder Judicial, pues se conforma por una gran multiplicidad de actores e intereses.
Las amenazas externas provienen de los poderes Ejecutivo y Legislativo. En la práctica política, existen actores que se manifiestan a favor de la división de poderes, pero que aprovechan sus atribuciones constitucionales, como son: reformar la Constitución para contrarrestar las decisiones de los ministros, la facultad de cambiar la estructura de la Corte y sus procedimientos, delimitar la jurisdicción sobre algunos temas, diseñar los procedimientos de selección y remoción de ministros, etc. Las amenazas internas y externas hacen que la reforma del Poder Judicial no sea sencilla.
Ante el presente contexto político y teniendo en cuenta las amenazas para reformar el PJF. Se debe plantear un proyecto que tenga claro sus límites y sus alcances, para establecer prioridades. Por otro lado, es importante vigilar que los cambios que se realicen no generen regresiones y que den continuidad a la persistencia de decisiones consistentes a lo largo del tiempo.
