No dejar a nadie atrás es el centro de la Agenda 2030. Es el compromiso que han realizado las naciones del mundo para terminar con la pobreza, la discriminación, la desigualdad y así lograr un mundo más justo y sostenible. Algo esencial para lograr lo anterior es impulsar la inclusión económica de los más pobres, entendiendo esta como integración de las personas en la economía, a fin de incrementar sus ingresos, su resiliencia y sus oportunidades.
Impulsar la inclusión económica abarca programas que incluyen transferencias monetarias, capacitación, el acceso a oportunidades laborales, financiamiento, entre otras estrategias. Un estudio reciente del Banco Mundial informó que hoy este tipo de programas se desarrollan en 75 países, llegando a más de 20 millones de hogares y beneficiando a casi 92 millones de personas en todo el mundo.
Estos programas requieren de un componente fundamental para ser exitosos y lograr sus objetivos: cooperación. En muchas ocasiones, los programas que son liderados por el gobierno (principalmente) o incluso por empresas a través de sus estrategias de responsabilidad social, requieren de alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, quienes fungen como un enlace con la comunidad, brindan apoyo técnico o incluso participan el financiamiento.
El desarrollo de programas que impulsen la inclusión económica no es algo sencillo para cualquier gobierno, empresa o fundación; sobre todo si lo que buscamos es garantizar su sostenibilidad y escalabilidad, además de evitar que se conviertan en solo acciones clientelares, sin seguimiento y pasajeras. Lo que es un hecho es que hoy este tipo de programas que garanticen seguridad social, empleos, y mayores ingresos para las personas son más necesarios que nunca y una tarea que nos compete a todos.
