En las décadas de los setentas y ochentas del siglo pasado, se hizo costumbre que el gobierno enfrentase los problemas con decretos, sin analizar, sin justificar, sin argumentar, a lo tonto. Esos decretos terminaron por costar muy caros.
José López Portillo nacionalizó la banca tres meses antes de dejar su mandato y en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari no solo se privatizaron los bancos, sino que de paso se vendió la mayor parte a extranjeros.
Desde enero, todos los viernes Hugo López Gattell compareció al noticiero de Joaquín López Doriga quien semana tras semana le advirtió que el coronavirus inevitablemente llegaría a México y le preguntaba qué se estaba haciendo al respecto.
López Gatell repitió una y otra vez que se estaban preparando la infraestructura hospitalaria –apenas el 30 de marzo el IMSS inició la compra de ventiladores- y que no eran necesarias ningunas medidas, porque se analizaba lo que estaba pasando en otros países y eso ayudaría actuar con prontitud.
El destino nos alcanzó y nos rebasó. Ya hasta López Obrador reconoce que el sistema de salud no está preparado para recibir pacientes de manera masiva, como tampoco estaban preparados Italia, España, Estados Unidos.
En el aspecto económico, el gobierno enfrentó la crisis con el ordenamiento de que cerrarán las industrias y comercios no esenciales, con la advertencia de que deben cubrir el 100 por ciento de los salarios de sus trabajadores y deben seguir pagando impuestos. No hay estímulos de ningún tipo, como si los hay en la mayor parte de los países.
Pero una cosas es lo que ordena el Gran Dictador y otra la práctica. A lo largo y ancho del país, y Nuevo Laredo no es la excepción, los patrones están tomando medidas para conservar sus negocios. Hay quienes si pueden solventar el 100 por ciento de los sueldos, pero otros no. A unos trabajadores se les paga el 50, el 70 por ciento de sus sueldos, a otros se les adelantan vacaciones, a otros se les manda a descansar sin goce de sueldo, a otros se les despide, unos con su respectiva indemnización, otros con la sola bendición.
Muchos trabajadores están conscientes de la emergencia que se vive. Aceptan estos descuentos. Saben que el patrón está haciendo un esfuerzo para pagarles. Por eso no hay demandas.
Además, como muchos negocios están al borde de la quiebra, si demandan y ganan, nada van a recibir, porque no habrá nada por repartir, con todo y lo que diga el gobierno de la 4T.
El Secretario de Hacienda Arturo Herrera, pronostica que este año el quebranto de las finanzas públicas será de 405 mil millones de pesos, que el gobierno dejará de recibir al caerse la recaudación de impuestos y por los bajos precios del petróleo.
Esos 405 mil millones de pesos serán un boquete en las finanzas y necesariamente obligará al gobierno a recortar programas.
