El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular las modificaciones al
proyecto de la Ley Federal de Austeridad Republicana. Dicho documento tiene la finalidad
de normar la política de austeridad, la cual inició con recortes de hasta el 30% y
restructuraciones en todas la dependencias federales. Las críticas a la ejecución
coinciden en la forma abrupta de hacer los recortes. El proyecto turnado a la Cámara de
Diputados contempla realizar diagnósticos y evaluaciones a la política.
Todo parecíaindicar que la improvisación en los ajustes desaparecerías, pero las acciones de
presidencia contradicen la ley antes de ser decretada.
El Gobierno Federal, desde que tomó posesión, realiza acciones para reducir el gasto
público. El presidente ha girado documentos en los que se solicita recortes de personal,
desaparición de unidades, entre otras acciones. Los recortes no han reconocido
diferencias entre las necesidades en cada dependencia.
El caso más sobresaliente fue el
impacto al sector salud; incluso provocó la renuncia del director anterior del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS). La críticas a la austeridad se basan en la falta de
diagnósticos para realizar los ajustes y la forma centralizada de la toma de decisiones.
El proyecto de Ley que se encuentra en discusión en el Congreso de la Unión tiene la
finalidad de regular y normar la política de austeridad. La cual también ha recibido críticas
por la aceleración en los procesos y se ha cuestionado el contenido, como es el caso del
artículo 61 de dicha Ley. El cual otorga al presidente la facultad de decidir como se
reorientarán los ahorros realizados por la política de austeridad. Sin embargo, los artículos
7º y 27 plantean la realización de diagnósticos y evaluaciones de la política pública. Lo
que es positivo.
Pero la centralización en la toma de decisiones en la cuarta transformación es la realidad
de este sexenio. El 4 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador giró
nuevamente un documento en el que se solicita una ajuste adicional, otro recorte del 30%.
Se contempla utilizar este ahorro adicional para canalizar recursos a PEMEX. Empresa
que ha sido cuestionada por su deuda y por la viabilidad de proyectos como Dos Bocas.
Es evidente que el presidente está obstinado en cumplir sus proyectos a costa del ahorro en gasto gubernamental. No esperó a que el decreto de Ley fuera publicado. Tal vez
porque eso retrasaría el flujo de recursos para PEMEX.
Esta muestra de toma de decisión centralizada que no acepta opiniones en contra y que
no se detiene para hacer una planificación estratégica a partir de evidencia, y mucho
menos tiene apego a la ley. Despierta inquietud e interrogantes sobre la forma en la que
el gobierno federal ocupará los recursos generados por la austeridad republicana. ¿Cuál
será el alcance político del presidente en la reorientación de ahorros? ¿Se ocupará el
dinero en proyectos que no cuentan con evaluaciones costo-beneficio? ¿La austeridad
republicana será una forma discrecional del presidente para ejercer recursos a su
conveniencia?
