El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aprovechó la ceremonia por el aniversario de la Constitución Política para expresar su interés de elevar a nivel constitucional los programas sociales que ejecuta su gobierno. La meta es implementar un Estado de Bienestar.
Lo cual es plausible, pero parece poco real por los retos que enfrenta el México actual. La poca recaudación fiscal, la informalidad laboral, el bajo crecimiento económico, entre otras problemáticas, hacen difícil financiar un estado de bienestar como lo propone el jefe del Poder Ejecutivo.
El estado de bienestar implica que los ciudadanos tengan pleno goce de sus derechos sociales, sin hacer diferencia por clases sociales o necesidades específicas. En el periodo postguerra se asentaron las bases de los estados de bienestar en función al desarrollo histórico de derechos adquiridos: siglo XVIII, derechos civiles; siglo XIX, derechos políticos, y siglo XX, derechos sociales. Los derechos sociales proporcionan a los ciudadanos una vida digna, a través de asegurarles empleo y salario, protección social, vivienda, educación, un medio ambiente saludable, cultura y soberanía alimentaria.
En la actualidad el estado de bienestar es cuestionado de la siguiente forma: ¿es asequible un estado de bienestar en épocas de crisis, austeridad o de crecimiento lento de la economía?, ¿es paternalista el estado de bienestar?, ¿es un medio de control social por parte del Estado? Estos cuestionamientos surgen por los problemas de financiamiento de los servicios sociales en distintas parte del mundo.
Las causas, crisis económicas, políticas que no favorecen la movilidad social y el mal uso de recursos realizado por los gobernantes
La propuesta del estado de bienestar no es nueva, en noviembre de 2019 el presidente envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Constitución para establecer el derecho de los mexicanos a la atención de la salud, pensión a adultos mayores y personas discapacitadas y becas para estudiantes. Es cierto que existe gran desigualdad en el país y que debe atenderse. Lo correcto es generar políticas que consideren evidencia real, no sólo buenas intenciones, para que sean sostenibles a largo plazo.
En México la recaudación fiscal no es eficiente, y a pesar de las medidas tomadas por el gobierno actual para mejorarla aún no se conoce el impacto de la mismas; la economía nacional presenta un crecimiento casi nulo y la proyecciones realizadas no son alentadoras; la economía global presenta señales de crecimiento pero sigue siendo muy bajo; las relaciones comerciales a nivel internacional están cambiando y parece que el proteccionismo y oportunismo de países como Estados Unidos no favorecen a México. Si también consideramos los muchos cuestionamientos a los programas sociales del actual gobierno, el escenario para establecer un estado de bienestar como imagina el presidente es una idea poco realista.
