“La Nueva Normalidad” es la estrategia que el Gobierno de México presentó para la
reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. La estrategia es confusa,
apresurada e insuficiente. Las etapas descritas obvian factores importantes como la
movilidad de personas, la necesidad de modelos de colaboración público-privado para la
generación de protocolos preventivos y acciones específicas para la reactivación de la
economía.
El plan contempla tres etapas: reapertura en “municipios de la esperanza”, preparación
para la reapertura, y reapertura gradual de actividades sociales, educativas y económicas.
La estrategia pretende generar claridad, seguridad y certidumbre para trabajadores,
empresas, gobiernos estatales y municipales. El plan tiene la finalidad de equilibrar dos
bienes públicos, salud y bienestar (social y económico), con el propósito de facilitar la
toma decisiones, a través de un semáforo de riesgo para las entidades.
La estrategia de reapertura cuenta con finalidad y propósito, pero omite componentes y
actividades específicas. La primera etapa contempla que los municipios de la esperanza
(aquellos que no presentan contagios) reinicien actividades a partir del 18 de mayo, para
lo que se establecerán cercos sanitarios; no se define qué implican estos cercos y cómo
limitarán la movilidad de las personas. Es ilusorio pensar que las personas satisfacen sus
necesidades sociales y económicas dentro del municipio.
La segunda etapa contempla que las empresas elaboren protocolos sanitarios, capaciten
a personal en seguridad sanitaria, adecuen espacios y procesos productivos y
establezcan filtros de ingreso, sanitación e higiene. Esta etapa inicia el 18 de marzo, lo
que representa una tiempo corto de preparación y no se estipulan modelos de
colaboración público-privado. El presidente se reúsa a apoyar a las empresas, les pide
asumir pérdidas y quiebras; ahora les solicita reestructurar procesos e instalaciones,
elaborar protocolos sanitarios y asumir el riesgo de contagio dentro de sus instalaciones.
La tercera etapa contempla el uso del semáforo de riesgos para la reapertura de
actividades sociales, educativas y económicas. Esta etapa inicia el 1 de junio e implica la
reapertura de actividades no esenciales, acceso a espacios públicos, movilidad de
personas vulnerables y reinicio de actividades escolares. Esta reapertura no implica una
reactivación económica. La población no retomará sus actividades normales ni recuperará
empleos o volverá a los mismos niveles de consumo. Las personas evitarán contagiarse y
buscarán compensar la falta de ingreso con menor gasto.
Las ambigüedades y obviedades en la estrategia de la nueva normalidad generan
incertidumbre. La estrategia está diseñada para implementarse de forma general y
jerárquica, por lo que no considera especificaciones regionales, sectoriales y, mucho
menos, económicas. Es común la imposición e improvisación del gobierno federal, sólo
que ahora pone en riesgo la recuperación económica y la vida de los mexicanos.