El Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su amenaza de buscar enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, a través de una consulta popular.
Fracasado el proyecto de solicitar la consulta con el apoyo de un millón 800 mil firmas de ciudadanos –los activistas de Morena apenas llegaron a un millón 200 mil—y ante la negativa de los diputados de Morena de hacer lo propio, a López Obrador no le quedó otra alternativa que solicitar la consulta, para lo cual este martes presentó la respectiva petición a la Cámara de Senadores.
De aprobarse la consulta se haría 60 días después de la elección del 6 de junio de 2021. Pero eso de aprobarse es un decir, constitucionalmente es una propuesta muerta, inviable, ilegal. La única forma que prospere es que el Ejecutivo someta al Poder Judicial y lo obligue políticamente a torcer la ley y autorizar la consulta.
La pregunta que se haría en la consulta textualmente es: “¿Está de acuerdo o no con qué autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sanciones la presunta comisión de delitos de los ex presidentes, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
Una vez que el Senado envíe la petición de consulta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta tendrá 20 días para resolver su viabilidad.
Tal y como está planteada la pregunta se violan los derechos humanos de los individuos, el derecho al debido proceso y se violenta el principio de presunción de inocencia.
El ex presidente Felipe Calderón subió un tuit en el que reitera su molestia por el acoso presidencial y pide que si hay pruebas en su contra se presenten en tribunales. Y tiene razón. La justicia no está sujeta al capricho de encuestas.
Lo que estamos viendo es un linchamiento público por parte de un presidente vengativo que nos recuerda a Maximiliano Robespierre, aquel revolucionario francés que se dio vuelo llevando ante la guillotina a decenas de adversarios, hasta que él mismo terminó con la cabeza cercenada. Los carniceros de hoy serán las reses del mañana, dice un viejo adagio.
A final de cuentas esto del pretendido juicio a los expresidentes es un distractor del Presidente López, ante los reiterados fracasos de su administración. Y le da resultado, la confirmación es que usted y yo le dedicamos un tiempo al tema. Si la cosa fuese en serio, el Presidente debería llevar a juicio a su hermano Pío López Obrador, sorprendido con las manos en la bolsa de los billetes cuyo origen se desconoce. Enjuiciar a su hermano demostraría que es respetuoso de la ley y de la justicia. Pero en vez de enjuiciarlo, el Presidente calló desde que se dieron a conocer los videos de su pillo hermano y hasta se olvidó de Emilio Lozoya, a quien no volvió a mencionar.
La novela de la consulta va a durar algunas semanas más y si la Suprema Corte de Justicia desautoriza la consulta, ya tendrá un motivo para justificarse y decir que él quiso enjuiciar a los expresidentes, pero el Poder Judicial no quiso. Para todo tiene respuesta.
