LAFAYETTE, LUISIANA, EU.- Las restricciones relacionadas con la crisis sanitaria que afectan a los inmigrantes que solicitan asilo en la frontera sur deben continuar, según falló un juez el viernes en una orden que bloquea el plan del gobierno de Biden de levantarlas la próxima semana.
Aunque el gobierno puede apelar, el fallo aumenta las probabilidades de que las restricciones no concluyan el lunes como estaba previsto.
Un retraso sería un golpe para los activistas que dicen que el derecho a solicitar asilo está siendo vulnerado, y un alivio para algunos demócratas que temen que el previsible aumento de los cruces ilegales los ponga a la defensiva en un año electoral de mitad de período que ya resulta difícil.
Desde marzo de 2020 se han expulsado migrantes más de 1,9 millones de veces bajo el amparo del llamado Título 42. La disposición niega a los migrantes la posibilidad de solicitar asilo con el argumento de prevenir la propagación de la crisis sanitaria.
El juez federal de distrito Robert Summerhays, de Lafayette, Luisiana, ordenó que se mantuvieran las restricciones mientras se tramita en la corte una demanda encabezada por Arizona y Luisiana, a la que se han sumado otros 22 estados.
Estos estados argumentaron que el gobierno federal no consideró debidamente los efectos que tendría el levantamiento de las restricciones sobre la salud pública y la aplicación de la ley. Drew Ensign, abogado del estado de Arizona, alegó en una audiencia que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no siguieron los procedimientos administrativos que exigen dar aviso público y abrir un periodo para recabar los comentarios del público.
Jean Lin, abogada del Departamento de Justicia, dijo al juez que los CDC estaban autorizados a levantar una restricción sanitaria de emergencia que consideraban ya no era necesaria. Señaló que la orden era una cuestión de política de salud, no de inmigración.
Summerhays, quien fue designado por el expresidente Donald Trump, ya había emitido un fallo a favor de los estados al detener los preparativos para reducir el uso del Título 42. El mes pasado dijo que una eliminación gradual sometería a los estados a “costos irrecuperables en atención médica, aplicación de la ley, detención, educación y otros servicios”.
El Título 42 es la segunda política importante de la era Trump para disuadir el asilo en la frontera sur de Estados Unidos que es desechada por el presidente Joe Biden y revivida por un juez designado por Trump.
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el mes pasado argumentos sobre si permitir que el gobierno obligue a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en las cortes de inmigración de Estados Unidos. Este caso, que impugna el programa conocido como “Permanecer en México”, se originó en Amarillo, Texas. Se restableció en diciembre por orden de un juez y sigue en vigor mientras se desarrolla el litigio.
