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Interpone México moción en respaldo a demanda contra ley antiinmigrante

El recurso respalda la demanda presentada por las ciudades de El Cenizo, El Paso, Dallas, Austin, San Antonio, Houston y los condados de Maverick, Bexar y de El Paso

El gobierno mexicano señala además que la SB4 obliga a México tratar a Texas de manera diferente a otras entidades de Estados Unidos. [Agencias]
Notimex

DALLAS, TX.- El gobierno de México presentó una moción ante la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, en apoyo a la demanda de gobiernos locales de Texas en contra de la ley SB4 que prohíbe las “ciudades santuario”, y permite a la policía indagar sobre el estatus migratorio.

La moción del tipo “Amicus Curiae” (amigo de la corte) fue interpuesta este jueves por abogados del despacho Holland & Knight, de Washington D.C., en nombre del gobierno de México.

El recurso respalda la demanda presentada por las ciudades de El Cenizo, El Paso, Dallas, Austin, San Antonio, Houston y los condados de Maverick, Bexar y de El Paso, además de organizaciones civiles como la Unión del Pueblo Entero y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC).

En agosto pasado, un juez federal en San Antonio suspendió temporalmente la implementación de la SB4, pero las autoridades de Texas apelaron la decisión y la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito autorizó que unas partes de la ley entrarán en vigor mientras analizaba argumentos sobre la constitucionalidad del estatuto en una audiencia programada para noviembre próximo.

En la moción, el gobierno de México expresa sus “profundas preocupaciones” sobre las provisiones obligatorias de la SB4 y destaca la importancia de ratificar la orden de suspensión emitida por el juez federal en San Antonio.

México argumenta que “le preocupa profundamente que la SB4 se aplique de forma discriminatoria y teme que su aplicación conduzca al hostigamiento y la intolerancia hacia ciudadanos mexicanos e individuos de apariencia latina, incluso si algunas de las disposiciones de la SB4 entran plenamente en vigor mientras se examina la constitucionalidad de la ley”.

“El daño irreparable a los nacionales mexicanos probablemente ocurra en forma de detención inapropiada e incluso remociones improcedentes, basadas en sospechas erróneas de movilidad”, advirtió.

México también argumenta que la SB4 crea una innecesaria tensión en sus relaciones con Estados Unidos, además de que interfiere con los intereses diplomáticos y las negociaciones en curso sobre una variedad de asuntos bilaterales, desde el comercio hasta la seguridad.

El gobierno mexicano señala además que la SB4 obliga a México tratar a Texas de manera diferente a otras entidades de Estados Unidos.

“Existe una tradición de 200 años de leyes, en los que México y Estados Unidos hablan con una sola voz sobre migración”, dijo a Notimex en entrevista telefónica el abogado León Fresco, del despacho Holland & Knight, que representa a México en la moción.

“La razón por la cual la ley de inmigración debe ser federal es porque cuando 50 estados aprueban 50 leyes diferentes, esto afecta negativamente a la política exterior en formas que el gobierno federal no puede controlar”, explicó Fresco.

La ley SB4 autoriza castigar a los alcaldes, sheriffs, policías y jefes de policía, por no cooperar con las autoridades federales y honrar las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación.

La legislación establece que los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración, podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.

Le ley impone sanciones de hasta 25 mil dólares por día a las jurisdicciones que violen sus disposiciones. El estatuto también autoriza a los policías locales el preguntar sobre el estatus migratorio de las personas durante cualquier detención, incluyendo paradas de tránsito.

El futuro de la SB4 y sus diversas disposiciones se decidirá después de que la Corte Federal de Apelaciones resuelva en una audiencia programada para el 6 de noviembre próximo, la constitucionalidad de la ley.

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