El 9 de enero de 1854 se publicó un decreto mediante el cual el gobierno del general Antonio López de Santa Anna, daba a conocer que a partir del 1 de febrero de ese mismo año, los propietarios de casas y edificios debían de pagar una contribución de 4 centavos por cada puerta y ventana que tuvieran sus inmuebles.
Del pago se exento a jornaleros y gente pobre que habitara casas de adobe, caña, palma y similares.
El decreto estaba tan mal redactado que en los siguientes meses se le hicieron cuatro aclaraciones y en el inter hubo propietarios que optaron por clausurar ventanas para evitar el pago del impuesto. Con el paso del tiempo nadie atendió el decreto y no se aplicó.
Los excesos de locura de uno de nuestros tres villanos favoritos de la historia mexicana ahora se replican en Monterrey y en Victoria.
En la capital regia, el gobernador Jaime Rodríguez El Bronco, acaba de enviar al Congreso su propuesta de Ley de Ingresos para el 2017 en la que pretende aplicar un cobro de 10 mil 900 pesos a los negocios que preparan carne utilizando carbón. La iniciativa ha sido tan mal recibida que colaboradores de El Bronco ya están negando que se haya planteado.
En Victoria, el alcalde Oscar Smer envió al Congreso del Estado su propuesta de Ley de Ingresos para el 2017 en la que pretende aplicar un cobro por el uso de espacio aéreo a las empresas que coloquen cables en los postes.
El presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Cuenta Pública, Carlos García González, dijo que este tipo de asuntos son de índole federal, no municipal, y señaló que hay tesoreros muy ocurrentes.
Carlos García también es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Encabeza, pues, la fracción mayoritaria en el Congreso, lo que hace inviable la propuesta absurda de Smer.
Está bien que tanto Jaime Rodríguez como Oscar Smer, y en su tiempo Santa Anna, busquen la forma de mejorar los ingresos de sus gobiernos, pero no se vale que lo hagan a costa de querer imponer impuestos absurdos. Mejor que se enfoquen en eficientizar el cobro de los impuestos que ya se tienen y en todos los cuales hay rezagos, por más que luego surjan gobernantes que se pavonean de tener una base recaudatoria de más del 70 por ciento. Cuando en los países desarrollados esa eficiencia suele alcanzar el 96, el 98 por ciento.
Todo esto también nos recuerda el impuesto a la tenencia que surgió en 1962, en el sexenio de Adolfo López Mateos, y se dijo que era para financiar la infraestructura deportiva necesaria para poder realizar los juegos olímpicos seis años después. Se dijo que sería temporal, pero de eso ya van 54 años. Para ser temporal, lleva demasiado.
