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Espiará Gobierno por fraude fiscal

El Gobierno federal quedó autorizado para espiar a presuntos defraudadores fiscales

El aguinaldo es equivalente al menos a 15 días de salario, y a pesar de que en estas fechas hay muchos gastos, se recomienda “evitar derroches”. [Agencias]
Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal quedó autorizado para espiar a presuntos defraudadores fiscales.

Al incluir la defraudación fiscal en el catálogo de delitos del crimen organizado, abrió la puerta para que, vía autorización judicial, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes conocido como Cisen, intervenga comunicaciones privadas de presuntos defraudadores.

La Cámara de Diputados aprobó el martes reformas a las leyes de Delincuencia Organizada, Seguridad Nacional y a los Códigos de Procedimientos Penales, Penal Federal y Fiscal de la Federación.

Con esas reformas se encuadró a delitos fiscales con modalidades específicas -como el fraude, el contrabando y falsificación de facturas o documentos fiscales- como amenazas a la seguridad nacional.

Así, este tipo de conductas fueron agregadas al Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional (LSN), que se refiere a amenazas “inminentes”, como sabotaje, terrorismo, destrucción de infraestructura estratégica, espionaje, tráfico de armas e interferencia de Estados extranjeros.

Con este cambio, el CNI podrá solicitar en secreto a un juez la autorización para intervenir comunicaciones privadas de personas que hayan cometido fraudes fiscales superiores a los 7.8 millones de pesos.

La solicitud deberá ser plenamente justificada ante la autoridad judicial, que tendrá la última palabra al respecto.

El dictamen aprobado en la Cámara de Diputados y enviado al Ejecutivo para su publicación, no da alguna razón para incluir el fraude fiscal en la Ley de Seguridad Nacional, sino que se limita a reiterar lo expresado por el Senado.

La reforma también agregó este tipo de delitos, a partir de 7.8 millones de pesos, así como el contrabando y el uso o elaboración de facturas por actividades inexistentes, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) también podrá solicitar intervención de comunicaciones.

La diferencia es que las intervenciones de seguridad nacional del CNI sólo sirven para recabar inteligencia, pero no se pueden usar como pruebas en un juicio contra los acusados, mientras que las grabaciones obtenidas por la FGR sí pueden obrar como prueba judicial.

Ambas intervenciones sólo pueden ser autorizadas por jueces federales.

Además, fue reformado el Código Nacional de Procedimientos Penales para que estos delitos sean de prisión preventiva forzosa, retomando el esquema de “delitos graves” que existió hasta antes de la creación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, vigente a nivel federal desde el 2016.

Para incurrir en un fraude fiscal de 7.8 millones de pesos, por ejemplo en materia de ISR, es necesario omitir en las declaraciones al SAT ingresos por unos 23 millones de pesos.

“Incluso cuando el contribuyente cometa un delito fiscal aislado”, estableció la Cámara de Diputados en el dictamen, “(si no rebasa el monto establecido de defraudación) estará excluido del régimen de delincuencia organizada”.

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