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Con final abierto, Senado argentino vota si legaliza aborto

El proyecto de ley establece que las mujeres y otras personas con identidades de género capaces de gestar tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 del proceso gestacional.

Activistas por el derecho al aborto ven en una pantalla a legisladores en sesión afuera del Congreso en Buenos Aires, Argentina, el viernes 11 de diciembre de 2020. La cámara baja argentina aprobó un proyecto de ley que legalizaría el aborto. El proyecto de ley ahora pasa al Senado. [AP Foto/Natacha Pisarenko]
AP

BUENOS AIRES.- Setenta senadores, más de la mitad hombres, definirán la suerte del proyecto de ley que legalizaría el aborto en Argentina, una demanda de décadas del movimiento de mujeres que podría cambiar el paradigma en una región en la que prevalece su penalización.

La iniciativa, que se debatirá en el país natal del papa Francisco, es impulsada por el gobierno de Alberto Fernández y fue aprobada por la Cámara de Diputados el 11 de diciembre.

El proyecto establece que las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 del proceso gestacional.

La sesión en el Senado comenzará el martes a las 1900 GMT y la votación, cuyo resultado es incierto, está prevista para la madrugada del miércoles. Frente al Congreso, un vallado separa a los activistas a favor del aborto, que se identifican con el color verde, de aquellos que están en contra y tienen al celeste como estandarte, en un contexto de máxima preocupación de las autoridades por el crecimiento en los contagios de coronavirus.

Horas antes del inicio de la histórica sesión, el papa volvió a mostrar su desacuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo.

“El Hijo de Dios nació descartado para decirnos que toda persona descartada es un hijo de Dios. Vino al mundo como un niño viene al mundo, débil y frágil, para que podamos acoger nuestras fragilidades con ternura”, sostuvo Francisco en su cuenta de Twitter.

El debate legislativo será presidido por la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), quien sólo votará si hay empate.

“La votación está pareja”, dijo a The Associated Press la senadora oficialista Nancy González, una de las defensoras del proyecto. “Esto es voto a voto, seguimos trabajando, charlando con los indecisos”.

El proyecto busca la erradicación de los abortos clandestinos que han causado más de 3.000 muertes en el país desde 1983, según las autoridades. Cada año alrededor de 38.000 mujeres son hospitalizadas por estos procedimientos.

“Los números están en paridad”, afirmó la senadora Silvia Elías de Pérez, del bloque opositor Juntos por el Cambio. “Si llegarse a convertirse en ley vamos a plantear la inconstitucionalidad. Nuestro país se ha obligado a los estándares más altos con la protección de la vida desde el momento de la concepción”.

En 2018 el Senado hizo naufragar una iniciativa similar.

Los senadores son 72, pero dos de ellos estarán ausentes este año: el expresidente Carlos Menem, quien se encuentra hospitalizado en grave estado de salud. El otro es José Alperovich, de licencia tras ser acusado de violación. Ambos rechazan el aborto.

De los 70 que estarán en el debate, 43 son hombres. En parte la incertidumbre por la votación obedece a que las fuerzas políticas, incluido el peronismo gobernante, dieron libertad de acción a sus legisladores. Hasta última hora del lunes había cinco senadores indecisos.

Argentina penaliza actualmente a las mujeres y a quienes les ayudan a abortar. Las únicas excepciones contempladas por ley son los casos de violación o riesgo para la salud integral de la madre, que están recogidos en protocolos que no se cumplen en unas ocho provincias del país, de acuerdo con denuncias de legisladores.

Según el movimiento feminista argentino, que lleva más de 30 años reclamando la legalización del aborto, la aprobación de esta ley constituiría una conquista simbólica en América Latina, donde la influencia de la Iglesia católica es muy visible y la interrupción del embarazo está muy castigada con excepción de Uruguay, Cuba, la Ciudad de México, el estado mexicano de Oaxaca, las Antillas y la Guayana Francesa.

“Nuestro país es un país que tiene muchísimas contradicciones. Es el único en el mundo que le hizo juicio a los genocidas de la dictadura militar con todas las garantías. Y todavía no tenemos aborto legal. ¿Por qué? Porque está la Iglesia con el Estado”, lamentó María Ester Albarello, una psiquiatra de la red de profesionales de la salud por el derecho a decidir que se protegía del sol detrás de un retazo de tela verde con forma de pañuelo colgado frente al Congreso.

No muy lejos, grupos que se autoproclaman como “defensores de las dos vidas” levantaron un altar con un crucifijo baja una tienda celeste. También colocaron un feto gigante salpicado con pintura roja que simboliza sangre.

Vestida con un guardapolvo blanco y tapaboca celeste, la maestra Adriana Broni afirmó que si la ley del aborto es aprobada “no voy a enseñar que matar, asesinar, a un bebé que no tiene voz es un derecho”.

El proyecto de ley establece que fuera del plazo de las 14 semanas la persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción del embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o salud integral. Por otro lado, contempla que la persona gestante deberá prestar por escrito su consentimiento para abortar a partir de los 16 años. Los menores de edad tendrán que ejercer los “derechos a través de sus representantes legales”.

Además, incluye la figura de la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud y de las instituciones médicas privadas en las que todos sus médicos estén en contra de la práctica, pero establece que los centros que no cuenten con profesionales dispuestos a realizar la interrupción del embarazo deben derivar a las pacientes a otra institución.

No se podrá alegar objeción de conciencia en caso de que la salud de la persona gestante esté en peligro.

Los profesionales de la salud que se nieguen a cumplir con la interrupción del embarazo en los términos comprendidos por la ley serán reprimidos con una pena de tres meses a un año de prisión e inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.

La ley además contempla el aborto dentro de la cobertura integral y gratuita del sistema de salud público y privado.

Junto al aborto también se debatirá el proyecto de ley sobre atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, que contempla un ayuda económica para embarazadas y madres de niños de hasta tres años.

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