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Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-  El sector privado aseguró que, de aprobarse la iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia en contra del outsourcing, se pondrían en riesgo miles de puestos de trabajo y los daños para la economía serían devastadores.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresaron que prohibir la subcontratación es un error que podría inhibir la inversión y la competitividad.

“El proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, en materia de subcontratación, que se encuentra en proceso en el Senado de la República, representa un grave error, ya que busca prohibir la tercerización o subcontratación en actividades preponderantes o principales en una empresa, lo cual afectaría la generación de empleo”, afirmó Coparmex.

Añadió que la iniciativa afecta la sustentabilidad y la estabilidad de empresas que realizan actividades de tercerización o subcontratación.

“La Ley Federal del Trabajo no debe contener regulaciones que menoscaben la competitividad, sustentabilidad y estabilidad de las empresas. En este sentido, preocupa al sector empresarial que algunos legisladores, al referirse a la tercerización o subcontratación, digan que se debe limitar a actividades indirectas que sean ajenas a las preponderantes o prioritarias en una empresa”, comentó.

El CCE consideró incluso que dicha iniciativa pone en riesgo la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por lo que calificó como una falta de respeto al Estado de Derecho.

“Genera un grado de incertidumbre enorme, poniendo en riesgo la inversión nacional y extranjera y los empleos que genera. Sería un golpe frontal a miles de empresas que utilizan legal y legítimamente esta figura para aumentar su competitividad. Estas empresas podrán decidir mover sus inversiones, no hacer nuevas, y otras decidirán ya no instalarse en México”, advirtió el CCE en un comunicado.

“Miles de empresas mexicanas y extranjeras que operan en México lo utilizan, y cientos de empresas dedicadas a la subcontratación lo hacen de manera legal, dándole beneficios a los trabajadores incluso por encima de la ley. Pero la iniciativa equipara la subcontratación legal con la ilegal o abusiva, prácticamente eliminando cualquier posibilidad de subcontratar de manera legal. En vez de beneficiarlos, terminará afectando a los propios trabajadores”, agregó.

Según el CCE, la iniciativa busca criminalizar las relaciones laborales, ya que pone a nivel de delincuencia organizada una práctica legal y legítima.

Además, señaló, la medida busca ser retroactiva porque colocaría como grupos de delincuencia organizada a todos los que en el pasado utilizaron figuras de subcontratación que. desde el año 2012. son legales y legítimas.

“Es inaudito y realmente preocupante esta tendencia de los legisladores a querer llevar todas las prácticas que no les gustan a nivel de delincuencia, más aún, de delincuencia organizada, como si quienes invertimos y generamos empleos en el País fuéramos narcotraficantes o terroristas”, apuntó el CCE.

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