Olga Alicia Castro, Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, aclaró que la consulta popular de este domingo 1 de agosto no es para enjuiciar a cinco ex presidentes –mañosamente se omite Luis Echeverría, aún vivo, y cuya actuación en el movimiento estudiantil en 1968, la matanza del 11 de junio de 1973 y la guerra contra la guerrilla que dejó cientos de muertos, lo pinta como genocida y peor que los otros cinco ex juntos—sino que habla de actores políticos del pasado, en términos generales.
Tiene razón. El texto completo de la pregunta es el siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
Tramposamente, se mandaron instalar mantas en el país con la imagen de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña, en las que le pregunta a quien lee el mensaje si está de acuerdo en que se enjuicie a los ex presidentes.
Paralelamente el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la consulta y ha dado argumentos de por qué, a su juicio, deben ser enjuiciados cada uno de los ex presidentes arriba citados.
Es una consulta boba y demagógica. Solo en México se organiza una consulta de 525 millones de pesos para preguntar si se debe aplicar la ley. La consulta está condenada al fracaso porque para que sea vinculante se necesita la participación del 40 por ciento de los ciudadanos de la lista nominal, equivalentes a 37.5 millones de participantes, lo que se antoja casi imposible.
Y ante la certeza del fracaso, ya se anunció un plan B, consistente en promover a través de la Cámara de Diputados que se integre una comisión de la verdad que investigue a los ex y determine si tienen responsabilidad en alguno de los muchos excesos que se le atribuyen.
Tan sencillo que sería que Morena presente una denuncia formal contra cualquiera de los ex y coadyuve con la Fiscalía General de la República para reunir pruebas que permitan confirmar la culpabilidad de los señalados.
Ya encarrerados sería sano que esta Comisión de la Verdad investigue si hay responsabilidad del Presidente López Obrador en la explosión del gasoducto en Tlahuelilpan, el 18 de enero de 2019, que dejó un saldo de 137 muertos. Y también su papel en la liberación del capo Ovidio y el saludo a la mamá del Chapo.
Habrá quien diga que López Obrador no tiene nada que ver en la explosión, que ni estuvo ahí. Es lo mismo que opinan algunos de Enrique Peña y los 43 desaparecidos en Ayotzinapa. Y sin embargo, hay quienes quieren hacernos creer que Peña estuvo ahí y dio la orden de desaparecer a los estudiantes.
