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Senado argentino somete a votación legalización del aborto

Los 72 senadores decidirán si apoyan o rechazan la iniciativa aprobada ajustadamente por la Cámara de Diputados el 14 de junio que despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y que en la tierra del papa Francisco llegó al Congreso por el empuje mayoritario de agrupaciones feministas.

Senado Argentino. [Agencias]
AP

BUENOS AIRES.- El Senado argentino debatía el miércoles un proyecto de legalización del aborto en una histórica sesión en la que el rechazo parece abrirse paso ante la preocupación de manifestantes abortistas, que esperan que esa tendencia se revierta.

Los 72 senadores decidirán si apoyan o rechazan la iniciativa aprobada ajustadamente por la Cámara de Diputados el 14 de junio que despenaliza y legaliza la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación y que en la tierra del papa Francisco llegó al Congreso por el empuje mayoritario de agrupaciones feministas.

El debate es seguido con expectación por miles de manifestantes a favor vestidos con prendas verdes y otros muchos en contra que lo hacen de celeste. Los ojos de la comunidad internacional también se posan sobre Argentina.

El senador opositor Pedro Guastavino, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, calificó la discusión de histórica y la comparó con las que derivaron en la aprobación del divorcio en los años 80 y del matrimonio igualitario hace ocho años.

Guastavino dijo que estuvo en contra de la práctica abortiva y que finalmente comprendió que “la única forma de entenderla es desde la salud pública”. Así, cuestionó los abortos clandestinos “que ponen en riesgo la vida” y señaló que los costos en el sistema de salud disminuyen con prácticas seguras.

Los defensores de la iniciativa sostienen que desde 1983 murieron más de 3.000 mujeres por abortos clandestinos. En Argentina se calcula que se practican hasta 520.000 abortos anuales, según el Ministerio de Salud.

Sin embargo, Mario Fiad, presidente de la Comisión de Salud, cuestionó que el proyecto sea “violatorio de la constitución” y de tratados internacionales suscritos por Argentina.

Asimismo criticó que abra las puertas al aborto sin límites ya que lo acepta después de las 14 semanas de gestación en caso de violación o si la vida o salud de la mujer estuvieran en riesgo.

Otros contrarios a la iniciativa han señalado al respecto que ésta recoge el concepto de salud de la Organización Mundial de la Salud, que es “amplio”, por lo que una mujer podría alegar que está deprimida para llevar a cabo la práctica.

Según los conteos, 38 senadores están en contra de la práctica, 31 a favor y habría un indefinido, una abstención y una ausencia.

Ambas posturas atraviesan transversalmente a todos los partidos aunque el peso de las provincias norteñas, más conservadoras, ha ganado fuerza.

Cerca del Congreso, estudiantes, sindicatos, políticos de izquierda y organizaciones feministas esperaban que la ola verde encuentre un resquicio para avanzar.

Daiana Anadón, de la agrupación Oleada feminista, dijo a The Associated Press que ella y sus cientos de compañeras aguardarán “hasta el último momento porque creemos en el poder de la calle para torcer la situación”.

Anadón indicó que las feministas no están de acuerdo con una tercera alternativa que intenta abrirse paso en el Senado -entre el rechazo y el apoyo a la iniciativa- consistente en la introducción de algunos cambios en la versión aprobada por los diputados.

Entre ellos está reducir el límite para la realización del aborto de las 14 a las 12 semanas, permitir la objeción de conciencia institucional que demandan centros médicos privados y eliminar las penas de cárcel para los galenos que no aseguren la realización de la práctica.

Hasta ahora en Argentina el aborto solo está permitido en los casos de violación y riesgo para la vida o salud de la madre. Sin embargo, el primero de los supuestos no se cumple en todas las provincias. Según la normativa actual, las mujeres se exponen a penas de hasta cuatro años de cárcel por abortar y se castiga del mismo modo a los médicos que realizan la práctica.

Organizaciones humanitarias internacionales se han sumado al apoyo al aborto.

“El Senado argentino tiene una oportunidad histórica para proteger los derechos de las mujeres al poner fin a este estatus quo injusto y cruel que pone sus vidas y salud en riesgo”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Amnistía Internacional publicó la víspera una contratapa a favor del aborto en la edición del New York Times Internacional. Figuras como la escritora Margaret Atwood y la actriz Susan Sarandon se han sumado a la campaña por el aborto libre, que es apoyado por la mayoría de los argentinos en varias encuestas.

En países limítrofes se sigue el debate con interés y hubo muestras de apoyo a los “pro aborto”. En las tres principales ciudades de Bolivia, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, decenas de mujeres se manifestaron, en algunos casos con pañuelos verdes, música y pancartas.

En otro sector cercano al Congreso argentino los antiabortistas sostenían carteles que rezaban “Argentina unida por las dos vidas”.

María Alejandra Santolucito, integrante de la Comisión Federal de Abogados por la Vida, dijo que “al margen de las cuestiones religiosas está probado que la vida empieza desde la concepción”.

Señaló que si los senadores rechazan el aborto y los abortistas siguen insistiendo en el futuro en el Congreso “un grupo de abogados seguiremos trabajando para que la ley no se aprueba nunca”.

El papa Francisco ha comparado la práctica con “lo que hacían los nazis” para cuidar la pureza de la raza, “pero con guantes blancos”.

El presidente Mauricio Macri, un confeso “pro vida”, llamó a respetar las distintas opiniones. El mandatario se ha comprometido a no vetar la ley en caso de que sea aprobada.

Uruguay, Guyana, Cuba y la Ciudad de México son los únicos en Latinoamérica que han legalizado el aborto. En Puerto Rico y en las Antillas y Guayana francesas también se permite atendiendo a las legislaciones de Estados Unidos y Francia, respectivamente.

En esta nota colaboró la periodista de AP en Bolivia Paola Flores

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