En Coahuila se confirmó el triunfo del priista Miguel Riquelme con 422 mil 896 votos, en tanto que el panista Guillermo Anaya obtuvo 386 mil 097 votos.
Si en el Estado de México vivimos un enfrentamiento entre Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador, en Coahuila el enfrentamiento real fue del gobernador Rubén Moreira contra Felipe Calderón, Ricardo Anaya, Margarita Zavala, Guillermo Anaya, varios gobernadores y hasta Humberto Moreira. Y, a todos, Don Rubén les ganó.
Lo lamentable es que los azules se hayan convertido en imitadores de Andrés Manuel López Obrador y no acepten su derrota.
Mientras tanto, en Tamaulipas por fin se emitió la convocatoria para la renovación, o confirmación, de la dirigencia estatal del PRI. El registro de aspirantes será el 14 de agosto. Si hay un solo aspirante ese mismo día se le declara ganador, pero si hay dos o más, la elección será decidida por el voto de los consejeros estatales, que se reunirían el 26 de agosto, al filo del mediodía.
Es muy criticable que la dirigente estatal, Aída Zulema Flores Peña no se haya comportado como toda una dama y en vez de haber convocado a elecciones en diciembre, espero medio año más y reaccionó hasta que el Tribunal Electoral le ordenó lanzar la convocatoria. Si el Tribunal no hubiese intervenido Flores Peña se hubiera quedado otros años más al frente del PRI.
Por otra parte, las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, aprobaron una iniciativa de reformas en materia electoral que suena interesante.
Antes de mencionarlas, hay que aclarar que las propuestas tienen que discutirse y aprobarse en el pleno y se aplicarían hasta el 2019 unas, y otras hasta el 2022.
Entre otras cosas, se empataran las elecciones locales con las federales; se permitirá el voto de los tamaulipecos que viven en el extranjero para que participen en la elección de gobernador; se incrementa del 1.5 al 3 por ciento el porcentaje para acceder a las regidurías de representación proporcional.
Los candidatos independientes tendrán derecho a participar en el reparto de regidores de representación de manera directa, sin recurrir a los tribunales; desaparecen las candidaturas comunes; habrá recuento voto por voto, cuando la diferencia entre el primero y segundo lugar, sea de menos del uno por ciento.
También se propone que el plazo para que los servidores públicos que aspiren a un cargo de elección, se reduzca de 120 a 90 días.