El actual proceso electoral contiene muchos vacíos políticos. La simulación de precampañas con candidatos únicos fueron verdaderas campañas políticas con alcance nacional. Ahora, en el periodo intercampaña se han generado cuestionamientos legales, debido a la falta de claridad en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto a lo que se puede o no hacer. Este periodo parece ser un limbo en el que no se debatirán ideas, pero que se presta para resaltar escándalos que nada tienen que ver con la coyuntura electoral y politizan la elección antes de la campaña.
En las precampañas se presentó un hecho inusual, las tres alianzas electorales conformadas contaron con precandidatos únicos. Este tiempo electoral tenía el espíritu de fomentar procesos democráticos en los partidos, a través una etapa de retroalimentación y negociación interna. Sin embargo, al no existir competencia interna, este periodo se convirtió en una simulación en la que las alianzas publicitaron mensajes nacionales y los precandidatos asistieron a mítines políticos.
Otro vacío político se presenta ahora en el periodo intercampaña. Este etapa se contemplaba como un tiempo de preparación para las alianzas y para el diseño de plataformas electorales. Sin embargo, existe un limbo respecto a lo que pueden hacer partidos, candidatos y medios de comunicación en esta etapa. El vacío se debe a la falta de claridad en la Ley respecto a qué y cómo se debe publicitar propaganda política para la sociedad. Algunos críticos han considerado esta falta de normatividad como una recesión a la libertad de expresión.
Esta recesión se debe a que no existe un libre debate de ideas. Debido a lo anterior, los espacios en medios de divulgación se llenan de escándalos que nada tiene que ver con la contienda electoral. Es por lo que en radio, televisión y redes sociales se generan notas con el historial de los candidatos a senadurías, las denuncias presentadas ante uno y otro candidato, así como con la vinculación forzada de algún candidato al mal manejo de recursos. Por otra parte, tenemos el caso de los candidatos independientes; los cuales no cuentan con acceso equitativo a medios de comunicación, lo que hace una competencia desigual y una farsa para el electorado.
Estos vacíos deberán ser considerados por el próximo Congreso de la Unión para plantear una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que busque eliminar estos tiempos muertos y a cortar el proceso, pues sólo generan gasto al Estado y la ciudadanía, así como favorecen la generación de publicidad negativa, guerra sucia, y limitan el debate de ideas. Se deberá procurar que en las próximas elecciones la ciudadanía cuente con información veraz para elegir por quién votará a partir de propuestas de solución a sus demandas.
