Este tipo de ejercicio de comunicación masiva oral, es una técnica que debe servir para establecer argumentos sobre un tema en particular, tesis, o plan de gobierno, y esto a su vez, sea observado por un opositor que contra argumenta, o bien propone una derivación programática o ideológica, con postulados pre establecidos en una plataforma electoral, para el caso de la política.
Pero básicamente, es el debate, una figura que permite confrontar, argumentos con base en observaciones y contra observaciones, moderado por un personaje imparcial, o lo que es mejor aún, veraz y objetivo que no opine y siga un guión acordado por las partes, con participación programada del público presente, y algunos conocedores o especialistas, de los medios de comunicación.
Lo que la técnica del debate, el guión y el moderador no deben permitir es que el ejercicio se convierta en una fila de descalificaciones y acusaciones que deriven en un alegato insano y perjudicial para el público, que lejos de ayudar a clarifica y entender quién conviene o es el mejor, tan solo confunde y perturba a la opinión pública. Es, y con mucho, un debate bien estructurado, con buena técnica metodológica, la única oportunidad que el público tiene para formarse una opinión personal y colectiva, no mediática.
El hecho que la ley y la autoridad electoral no permitan, o restrinjan el uso de esta técnica con más frecuencia, se debe en parte a que los partidos políticos no tienen buenos polemistas, buenas o divergentes plataformas electorales que permitan construir buenas argumentaciones y contra argumentaciones sanas y constructivas. Las leyes todas y las reglamentaciones que procuran o hacen definir criterios, tanto a la autoridad administrativa, como a la jurisdiccional, son elaboradas por políticos, tecnócratas y burócratas, faltos de ideas claras que privilegien al elector y no tanto a los miedos e incertidumbres de los propios partidos, sus legisladores y cuadros técnicos.
Los manuales de organización y reglamentos que deben regir los debates políticos, son instrumentos administrativos que sirven para organizar, darle sana conducción a un proceso, o una serie de procesos debidamente concatenados, es decir, para que no se pierda o degrade el objetivo único y mejor del debate, que el público se beneficie con una buena decisión. Por otra parte, y congruente con ésta misma, el reglamento del debate, sirve para distribuir competencias al interior de la comisión organizadora del evento, y por supuesto asignar las respectivas responsabilidades operativas.
Cabe entonces, dado el perfil de la mayoría de los miembros del Consejo General, del Instituto Nacional Electoral, que los dos debates pre establecidos para el caso de los candidatos a la Presidencia de la República, guarden y ofrezcan hacer guardar los principios fundamentales de esta valiosa técnica que al parecer, por los resultados que ofrecen las encuestas de pre campañas, podría terminar, para el día de la jornada electoral, repartido entre cuatro cuartos con la misma cuantificación porcentual: 25% para cada una de las tres coaliciones, y otro tanto para los indecisos, quienes definirían el sentido de su voto, un poco antes, o el mismo día de la elección.
De confirmarse este supuesto, aparece como un riesgo mayor, la reciente resolución del Tribunal Federal Electoral, en el sentido de desconocer la disposición administrativa del INE, para que las mesas directivas de casillas, privilegien el conteo de los votos de la elección presidencial, por ser esta, la más trascendente en términos de certeza y tranquilidad social. De otra manera, me refiero a la que el TRIFE resuelve, sería pasar al INE, los datos del total de las elecciones federales y las concurrentes locales, hasta que se cuenten y se asienten en la multitud de actas los resultados obtenidos.
Esto destruye la posibilidad operativa del conteo rápido, y abre la puerta al infierno de las dudas, la presunción de manipuleo, las autoproclamaciones de triunfo, y la ruptura de la paz social, por la tardanza en dar a conocer los resultados de la elección. Recordemos el reciente caso de Coahuila, el de Honduras y otros muchos más, en los que un tecnisismo ha encendido la llama de la inconformidad callejera.
Este riesgo se hace mayor, cuando el INE, acorralado por la decisión del tribunal y el riesgo de retardar los resultados de la elección presidencial, pretende sacar la vuelta a esta encrucijada, mediante la anotación de las cifras resultantes de la elección presidencial, en un cuadernillo, tomarle una fotografía a los datos y remitirlos al distrito para ser renviados al INE y dados a conocer en su carácter de conteo rápido.
Cuidado con la prevalencia de la cultura del sospechosísimo, tan arraigada en la masa popular.
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