Las protestas en Matamoros son resultado de una decisión que no previó las consecuencias perversas que generaría su implementación. El decreto presidencial que incrementó al doble el salario mínimo en las ciudades de la frontera norte no generó los beneficios esperados para los obreros; por el contrario, atentó contra las prestaciones sindicales históricamente ganadas.
El incremento es equivalente a un “salario de emergencia”, condición que anula el derecho de percibir un bono anual, establecido en el contrato colectivo firmado en 2018. Lo que detonó conflictos entre patrones, líderes sindicales y trabajadores.
El ingreso de los trabajadores del sector maquilador se compone por su sueldo más los bonos en vales de despensa que perciben. El Decreto de Estímulos Fiscales de la Región Frontera Norte, firmado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre pasado aumenta de 88 a 176,22 pesos el salario mínimo.
Esta decisión no fue bien recibida por la empresas, las cuales redujeron a la mitad o por completo los bonos anuales, con el argumento que el aumento es considerado como un “salario de emergencia”, de acuerdo al contrato colectivo. Esto molestó a los obreros, quienes esperan un aumento y continuar percibiendo su bono, y dejó sin argumentos a los líderes sindicales.
Entre el 9 y 11 de enero los empleados de las 45 maquiladoras que tienen contrato con el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la industrial Maquiladora en Matamoros (Sjoiim) hicieron paro de las líneas de producción y exigieron un aumento al salario de 20% y un bono por 32 mil 242 pesos.
El miércoles pasado, 44 maquiladoras aceptaron las demandas, lo que motivó a trabajadores de otros sectores económicos a exigir condiciones laborales similares, lo que ha generado una mega huelga. Ante el creciente conflicto, algunas empresas han considerado migrar a otras ciudades y mil 500 personas, aproximadamente, han perdido su trabajo.
Las decisiones como el aumento al salario mínimo son positivas y agradan a todas las personas, pero no deben realizarse sólo con base en buenos deseos, deben partir de una análisis riguroso de su impacto. En este caso no se consideró que el aumento afectaría los costos de producción y que los empresarios compensarían el aumento de costos con la reducción de prestaciones.
Definitivamente los salarios en la zona fronteriza norte y en el resto del país deben incrementarse para activar la economía nacional, pero deben preverse las posibles consecuencias perversas en una decisión así, negociar con las empresas y acordar la mejor forma de fomentar el desarrollo nacional.
