La participación ciudadana es esencial para toda democracia. La consulta popular es un instrumento que asegura la participación y permite conocer la opinión de la sociedad en temas trascendentales para el sistema político, siempre que se realicen con apego a las instituciones, que cumplan con una metodología clara y, sobre todo, cuenten con la transparencia adecuada. En este sentido, la consulta realizada en octubre y la programada para el último fin de semana de noviembre no cumplen con estas características y su ejecución perfila un estilo de toma de decisiones en el que se consulta a la ciudadanía a conveniencia.
La forma como el gobierno entrante utiliza el instrumento hace pensar que se consulta para reducir el costo político de las decisiones y para legitimar acuerdos establecidos anticipadamente. Un primera observación está en la selección de asuntos públicos que se llevan a opinión, los cuales se eligen al interior de un grupo político. Segunda, la forma discrecional de los proyectos, fuera de marcos normativos, sin rigurosidad técnica y con fe ciega en la idea que es gente honesta quien los implementa. Por último, las campañas publicitarias excesivas a favor de determinada opción sesgan la imparcialidad en la información que recibe la sociedad.
La consulta realizada en octubre no se apegó a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Consulta Popular por lo que no es vinculante. La metodología del instrumento, el método para realizar la encuesta y la ubicación de las casillas no fueron claros ni respaldados por algún organismo con la facultad de avalar los resultados. Por otro lado, no se establecieron mecanismos veraces de transparencia. Sin embargo, se decidió echar atrás un proyecto que ya estaba en desarrollo; lo que generó grandes costos económicos y financieros.
El 24 y 25 de noviembre se realizará otra consulta sobre 10 programas prioritarios del nuevo gobierno. En esta ocasión, de forma paralela, se propone reformar al artículo 35 de la Constitución para ampliar los temas considerados a consulta, facilitar la solicitud del ejercicio por parte de la ciudadanía, así como para hacerlas vinculantes. Sin embargo, la jornada del fin de semana sigue sin apegarse a la normatividad, no se ha divulgado la información metodológica con la que se realizará y no se han establecido mecanismos de transparencia. Aunado a lo anterior, el presidente electo ha participado en varias entrevistas divulgando la consulta sin generar espacios para que especialistas en políticas públicas y en los temas que se consultan aporten su opinión.
El uso intencional de la consulta popular desgasta al mismo mecanismo de participación ciudadana. Sin duda alguna, se debe fomentar la participación, así como mejorar los canales para que sea vinculante a las decisiones de los gobiernos, pero se debe hacer de forma institucional, que sirva para robustecer el sistema democrático y no para vulnerarlo.
