¿Recuerda usted, amigo lector, el paquete de reformas presentado por el presidente Enrique Peña Nieto, en el mes de abril de 2016, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, sobre diversas reformas a la Constitución federal y otras leyes, para agilizar y otorgar justicia rápida y expedita al ciudadano de a pie en asuntos y conflictos cotidianos? Seguramente no, pues las mencionadas reformas no ocuparon espacio en los medios más allá del día en que se realizó el acto protocolario de firma del memorándum enviado a la legislatura.
Es algo tan significativo que ha quedado en el olvido esperando tal vez, mejores tiempos políticos y escenarios más propicios para atender los asuntos que interesan al ciudadano común y corriente, ya que en el poder legislativo tan solo hay tiempos para distribuir y acomodar el poder a los intereses de los partidos, clases políticas y empresariales.
La aludida iniciativa comprende y actualiza 12 artículos constitucionales y un número igual de leyes y reglamentos que deben interesar a los ciudadanos, y digo que deben, por ser ésta la única vía de empoderamiento civil capaz de hacer que legisladores y gobernantes sientan la presión del compromiso social que tienen con la sociedad, no con los partidos, gobernadores o presidentes municipales.
Su estancia en las cámaras legislativas obedece a la voluntad ciudadana y, en tanto los ciudadanos no tomemos conciencia de esta verdad y fundamento sustantivo de la vida democrática nacional y universal, los legisladores y gobernantes seguirán siendo omisos de su primigenia responsabilidad y autores materiales de la democracia fallida, seguirán siendo ellos los empoderados y no los ciudadanos.
A continuación le hago a usted, mi estimado lector, una lista simple de las 12 modificaciones en favor de la justicia cotidiana, cuyo contenido sigue y seguirá en la congeladora legislativa por falta de presión social, por ausencia de convicción ciudadana.
En mejora regulatoria.
En mecanismos alternativos de solución de controversias.
En justicia cívica e itinerante.
En registros civiles.
En disposiciones del Código de Comercio.
En disposiciones de la Ley General de Salud.
En resolución de fondo del conflicto.
En justicia laboral.
En materia procesal civil y familiar.
En materia del sistema nacional de impartición de justicia y organización de los poderes judiciales.
En disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.
Para Homologar los Registros Públicos Inmobiliarios, de Personas Morales y Catastros.
Qué cree usted que pasaría si los cubículos de funcionarios de la noche a la mañana, abarrotados de cartas, mensajes electrónicos, recados telefónicos, notas periodísticas y misivas publicadas en los diarios exigiéndoles cumplan con su cometido legal, constitucional y sobre todo social.
Sería inédito seguramente, no habría incluso necesidad de salir a las calles a protestar y exponerse a la represión o a la difusión de una mala imagen nacional en el extranjero. Si algo no soportan algunos políticos y funcionarios públicos es la presión social, el enojo del electorado y la crítica periodística legítima y bien fundada, argumentada con claridad, verdad y sensatez ciudadana. Eso hace trastabillar a cualquier régimen de gobierno en cualquier parte y tiempo, eso pone de cabeza, divide y confronta entre sí a cualquier legislatura. Sería, por otra parte, el principio del fin del autoritarismo vigente en el sistema político mexicano.
Mentira que el país haya pasado del viejo régimen político autoritario de la posrevolución, a un sistema democrático y de derecho pleno. Sigue el empoderamiento de la autoridad y el ejercicio velado de valores metaconstitucionales. No hay cambio en realidad, el cambio lo tenemos que hacer los ciudadanos, el poder y empoderamiento es de los ciudadanos no de las élites políticas, burocráticas y económicas. Visite usted, mi amigo lector, las páginas de los órganos legislativos del país seguramente se topará con lo mismo que siempre hemos pensado y de lo que no nos cansamos de quejarnos.
GRACIAS POR SU TIEMPO.
