La historia no es aislada. El grito de “ni una más” surgido hace algunos años en Chihuahua por las muertas de Juárez retumbó en varios estados del país tras el asesinato de Mara Castilla.
La joven de 19 años salió de un bar en la madrugada después de una fiesta con amigos y pidió un Cabify, uno de esos taxis de moda que basan su promoción en garantías de seguridad.
Mara nunca llegó a su casa. El chofer del taxi la desmayó, la llevo a un motel, la violó y la mató. Después tiro su cuerpo.
Los hechos fueron en Puebla donde la estudiante de Ciencias Políticas se convirtió en el feminicidio número 83 del año. El delito está tipificado y el asesino detenido.
El caso desató protestas este fin de semana. Miles de mujeres marcharon exigiendo justicia.
Los gritos se repitieron en el emblemático Zócalo Capitalino, en Veracruz, en Guadalajara, en Queretaro, en Mérida, por supuesto en Puebla y en el distante Estado de Chiapas.
En las redes sociales se posicionó el hashtag “Ni una menos” y se multiplicaron los mensajes solidarios.
Mara no es un caso aislado. México es uno de los países del mundo con mayor incidencia de feminicidios y con el mayor índice de impunidad.
En 1993, el asesinato de Alma Farell de tan solo 13 años de edad, violada y estrangulada en Juárez encendió la alerta. Nada se ha detenido. En 24 años la ola de asesinatos por condición de género sigue creciendo amparada en la prevaleciente impunidad.
Somos un país donde impera el machismo, donde todavía en el seno de muchos hogares se impone la fuerza masculina como una cultura que se hereda sin freno en las nuevas generaciones.
Somos un país donde la misoginia salta a la vista en todas las actividades productivas. Hasta en la actividad pública.
Somos un país donde el salario femenino es inexplicablemente menor a iguales capacidades y condiciones de trabajo de ellos.
(Esa también una forma de aversión hacia las mujeres).
El retraso es tal que en muchos de los homicidios de féminas, las autoridades se resisten a tipificar el delito de feminicidio que inicia con una pena de 60 años.
A la negligencia oficial y la insuficiente capacidad para prevenir el delito, las mujeres lanzaron vía redes sociales una cadena mediante la cual se ofrecen ayuda de traslado o incluso de alojamiento.
Atenerse a que el sistema de prevención cumpla implicaría estar llorando muchas “Maras” más y estar caminando muchas protestas mas que según se ve han sido inútiles.
