Están varados en Nuevo Laredo más de 2,300 migrantes, más de mil de origen africano. Están aquí con la esperanza de que Estados Unidos les conceda una visa para entrar, trabajar y vivir de manera legal.
La cuestión es que el Presidente Donald Trump no los quiere. El quiere la migración que no da problemas, la de aquellos que traen una cuenta bancaria de 100 millones de dólares, para comprar casa propia e instalar un negocio que genere varias decenas de empleos.
Estos migrantes se han convertido en un problema social para la sociedad. Los dos albergues sostenidos por iglesias, una católica y otra protestante, han sido rebasadas en su capacidad. Igual pasa con los albergues oficiales.
La situación de los migrantes es incierta. No se sabe si se les va a otorgar un permiso para entrar legalmente a los Estados Unidos ni se tiene idea de para cuándo. Mientras esperan una respuesta, decenas, cientos de ellos ya están en las calles, pidiendo ayuda para sobrevivir.
Los migrantes siguen llegando, más con esa invitación del Presidente Andrés Manuel López Obrador que ordena a sus funcionarios no molestarlos, pero no destina presupuesto para atenderlos. Son las iglesias y las autoridades las que atienden a los migrantes otorgándoles desde techo, comida, ropa, atención médica.
El alcalde Enrique Rivas Cuéllar autorizó la contratación de autobuses para trasladar a los migrantes a otras ciudades. Esto se tendrá que hacer con el consentimiento de los propios migrantes.
Puesto que el gobierno federal apoya el ingreso ilegal de migrantes a nuestro país, con el pretexto de que están de paso con destino a los Estados Unidos, debiera destinar recursos para que estados y municipios los atiendan mientras transitan por su territorio.
El problema es que no destina recursos para este rubro y deja a los gobiernos locales enfrentar la situación. Tenemos un gobierno federal que le gusta pregonar una generosidad que es de dientes para afuera. ¿O será que los migrantes no votan? Porque los apoyos a viejitos y a ninis suenan más a programas clientelares, que un esfuerzo real para sacarlos de la pobreza.
En otro tema, la reforma educativa de Enrique Peña Nieto no era educativa, era laboral. López Obrador la canceló y ordenó una nueva, que tampoco es educativa, es laboral.
Nos hubiera gustado un intelectual al frente de la Secretaría de Educación Pública y no a un abogado que no se tituló.
