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Cambio de régimen

El desmantelamiento del régimen de gobierno que todos conocemos, y que ha privado como norma y derrotero de la vida nacional mexicana, está en marcha apresurada, el presidente de la república tiene prisa y se ha puesto como plazo virtual los tres primeros años de gobierno (1º de Diciembre de 2019 al 1º de Diciembre del 2021), es decir el segundo período, o tiempo medio, de su gobierno, pues el primero (1º de Julio al 1º de Diciembre 2018), transcurrió de la sorpresa a la incredulidad y ahí, al azoro de todos.
Ahora en el segundo, la tarea de desmantelamiento institucional debe avanzar, más rápido aún, tal vez mucha gente no ha percibido las acciones legislativas y de operación política puestas en marcha por el actual gobierno, por ejemplo la ley de remuneraciones de los servidores públicos, que se pretende imponer en los tres poderes de la unión. Primer paso para expulsar de la administración pública a todos los cuadros técnicos, operadores de programas y proyectos venidos de las políticas públicas establecidas por efectos y causas de la globalización económica, la internacionalización de la política y los beneficios sociales del estado compensatorio.
El argumento de que es un despilfarro presupuestal los salarios que perciben los servidores públicos de confianza, es un mero señuelo político que busca esconder el propósito real y de fondo, quitar de en medio a los administradores públicos que bien podrían contener los propósitos regresivos emprendidos por el presidente López Obrador. Pues, para los efectos prácticos de la estrategia destructiva, ellos son un estorbo que tan sólo lo haría perder un muy apreciado tiempo, que por otra parte, vale decirlo, no tiene considerado en su ruta de desmantelamiento institucional.
 El ejecutivo, en alianza con sus mayorías legislativas, busca un rediseño institucional que le permita poner por encima de todo el concepto de Estado Nacional, preponderante y lejos de la economía liberal y de mercado abierto, para lo que requiere de dos condiciones indispensables, estar él al frente del nuevo proyecto de nación y algunos resultados positivos que le permitan regresar a sus bases en un evento de refrendo en el cargo, lo que en términos comunes significaría su primera reelección.
Al recibir el refrendo y conservar o incrementar la mayoría en la cámara baja, quedaría listo para una consulta nacional que le permita el cambio constitucional que tanto desea (la 4T). Ubicado en esa tesitura lo demás vendría casi por inercia, quizá la reelección presidencial, o la selección de un Delfín a quien heredarle el poder, y un diseño administrativo, jurídico y constitucional a modo para los siguientes 25 ó 30 años, o tal vez más, quizá hasta más allá de la mitad del presente siglo.
El problema, o mejor dicho uno de los mayores problemas para llevar a buen fin el tan anunciado proyecto de reconversión política e institucional, es en lo interno, el Poder Judicial y la oposición en el Senado de la República que juntos bien podrían exhibir ante el mundo la  pretendida acción técnico-política. En cuanto al entorno financiero, económico y político del exterior, los impactos podrían ser de gran cuidado y preocupación para la vida nacional.
El hecho de pasar de gobiernos de élites a otros llamados populares o populistas, es pretender guiar a un país de poco más de 123 millones de habitantes hacia un final, que en realidad desconocen, o del que no se han enterado, y de sus traumáticas consecuencias por venir. La base social confiable que podría apoyar la perturbadora idea en comento, no sería en el mejor de los casos de 30 millones de electores, mismos que le dieron, al presidente, el triunfo el pasado 1º de Julio, sería menor cada vez, de ahí también la prisa por el rediseño institucional y el cambio de régimen político, amén de tener en cuenta que el listado nominal del pasado proceso electoral, sumó 90 millones de electores, es decir que son en términos reales 60 millones de ciudadanos que no votaron por el presidente, incluidos los que no acudieron a las urnas por no gustarles los candidatos, que por otras razones prefirieron ignorar el evento electoral, pero que al verse tocados por el cambio podrían convertirse en oponentes.
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