Esta semana llegó al Senado de la República el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ya no se llamará TLCAN, ahora es USMCA y, para que el citado documento internacional cobre vigencia en el país, requiere de la aprobación de la cámara alta como lo rige nuestra constitución.
Sin embargo, más allá del contenido comercial y tratamiento arancelario sobre el tránsito de mercancías; llama la atención el capítulo 27 del nuevo acuerdo, pues la propuesta convoca a que los tres países integrantes castiguen severamente los actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos e integrantes de la iniciativa privada cuando impacten las actividades relacionadas al comercio internacional.
¿Cómo no integrar un capítulo de tal magnitud cuando México ocupa la posición 135 de 180 países a nivel mundial en corrupción según Transparencia Internacional?; para algunos servidores públicos la práctica de enriquecerse desde el gobierno ha sido como un deporte nacional. Recordemos el escándalo de Walmart, empresa norteamericana que en el 2012 reconoció haber pagado 24 millones de dólares a diversos alcaldes, síndicos y directores de áreas estratégicas para obtener autorizaciones de construcción en plena campaña de expansión comercial.
Hoy, el gobierno de los Estados Unidos y de Canadá han dicho “ya basta” a la interminable cadena de corrupción que impera en la mayoría de las instancias públicas de México; para ello, se pretende crear un programa de protección para informantes de actos ilícitos cometidos en la esfera pública y privada que atañen al comercio internacional y, con ello, fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción.
Los funcionarios federales, estatales y municipales que desempeñarán tareas de gobierno junto al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, tendrán que comportarse de manera muy distinta a como lo hicieron sus antecesores, pues de aplicar la máxima del exgobernador de San Lui Potosí, Gastón N. Santos, esa con la que justificaba sus tropelías de gobierno: “la moral es un árbol que da moras”, seguramente les conducirá a prisión
Contrario a lo dicho por Carlos Hank González: “un político pobre es un pobre político”, la oportunidad que tendrá el actual Presidente Electo en plena era del cambio, será la de invertir tan aberrante frase por una que diga: “político que se convierta en nuevo rico será un pobre político”. Que no se equivoquen las y los nuevos funcionarios públicos, el nuevo gobierno federal no pretende iniciar acciones de gobierno con mediáticas detenciones de líderes sindicales o figuras claves del gobierno saliente; en lugar de eso, optará por cumplir el capítulo 27 del USMCA para aplicar castigos ejemplares a las autoridades locales que ejerzan la corrupción como práctica de gobierno.
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