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Ejecutarán a mexicano en Texas el próximo miércoles

Podría convertirse en el mexicano número 12 en ser ejecutado en Estados Unidos, desde 1993

Roberto Moreno Ramos.[Agencias]
Notimex

DALLAS.- Texas se apresta a aplicar la pena de muerte este miércoles al mexicano Roberto Moreno Ramos, sentenciado al castigo capital por el homicidio de su esposa y sus dos hijos en febrero de 1992, en lo que vendría a ser una nueva violación a tratados y fallos judiciales internacionales.

Moreno Ramos, de 64 años, podría convertirse en el mexicano número 12 en ser ejecutado en Estados Unidos, desde 1993 cuando se le aplicó la pena de muerte a Ramón Montoya Facundo, el primer connacional en recibir ese castigo tras la reactivación de la pena capital en este país.

De no proceder las peticiones interpuestas por abogados y organismos de derechos humanos, Moreno Ramos recibirá la inyección letal en punto de las 18:00 horas del próximo miércoles en la cámara de la muerte de la Unidad Carcelaria Walls, en la comunidad de Huntsville, Texas, al noroeste de Houston.

La semana pasada el reo, quien permanece recluido en el pabellón de la muerte de la Unidad Carcelaria Polunsky, en Livingston, Texas, se negó a conceder una entrevista a Notimex y no se conoce que haya aceptado hablar con la prensa en fechas recientes.

Moreno Ramos, originario de la comunidad de El Ciruelo, en el municipio de Pinotepa Nacional, en el estado mexicano de Oaxaca, fue sentenciado a la pena de muerte en marzo de 1993.

Un jurado de una corte del condado de Hidalgo, en el sur de Texas, lo declaró culpable de haber dado muerte con golpes de martillo a su esposa Leticia Ramos, de 42 años, a su hija Abigail de siete y a su hijo Jonathan de tres años, el 7 de febrero de 1992 en la comunidad fronteriza de Progreso.

Los cuerpos de los tres fueron encontrados semanas después enterrados bajo el baño de la casa donde vivían. Moreno Ramos fue detenido semanas después del crimen, para ser cuestionado luego de que los parientes de su esposa comenzaran a preocuparse.

De acuerdo con las autoridades, Moreno Ramos, asesinó a su familia para casarse de nuevo tres días después de haber cometido los homicidios. Al ser cuestionado por la policía, el mexicano confesó haber dado muerte a su esposa, pero después de que ella matara a sus dos hijos.

En mayo de 2017, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, rechazó revisar una apelación interpuesta por sus abogados en la que buscaban un nuevo proceso para su cliente al argumentar que en su detención y juicio se violaron sus derechos como extranjero.

Moreno Ramos es uno de los 51 mexicanos que están amparados por el fallo de 2004 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordena a Estados Unidos el revisar todos sus casos dado que en sus detenciones y juicios se les violaron sus garantías como ciudadanos extranjeros.

El derecho de un reo extranjero a recibir la asistencia consular de su país cuando es detenido por las autoridades en otra nación está garantizada en el Tratado de la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares de 1963 ratificado por Estados Unidos, México y más de un centenar de otras naciones.

La CIJ ordenó a Estados Unidos suspender las ejecuciones de los reos mexicanos, hasta que sus casos fueran revisados bajo la consideración de la violación de sus derechos a la denominada notificación consular.

Las cortes estadunidenses han dictaminado que no existe ninguna obligación vinculante para los estados de acatar dicho fallo, pero varias entidades como Oklahoma, Arkansas, Nebraska y Nevada tomaron acciones a raíz del dictamen de la CIJ para asegurarse que las violaciones a los derechos consulares de los reos mexicanos reciban una completa y justa revisión.

Dichas revisiones permitieron que las sentencias de muerte dictadas contra los mexicanos Osvaldo Torres Aguilera, en Oklahoma y Rafael Camargo Ojeda, en Arkansas, hayan sido conmutadas por cadena perpetua y que Carlos Pérez Gutiérrez, en Nevada, este a la espera de un nuevo juicio.

Sin embargo, a más de 14 años del dictamen de la CIJ, Texas continúa siendo la única entidad del país que ha ignorado el dictamen y lo ha desafiado con la ejecución de cinco mexicanos amparados por la Corte Internacional bajo el dictamen conocido como “fallo Avena”.

La determinación de la Suprema Corte puso al descubierto el vacío legal que existe en Estados Unidos, donde se carece de una ley que obligue a las entidades a cumplir los tratados internacionales que este país firma con otras naciones del mundo.

Desde entonces ha habido tímidos intentos de promover iniciativas en el Congreso de Estados Unidos para aprobar una ley que obligue a las entidades a cumplir los tratados internacionales que Estados Unidos firma con otras naciones del mundo.

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