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Definen este jueves situación legal de Miranda Macías

El proceso que se integró en contra de Miranda Macías es por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. [Archivo/Líder Informativo]
Carlos Figueroa/Líder Informativo

Juzgado habrá de establecer si hay pruebas suficientes para dictar un auto de formal prisión en contra del ex funcionario municipal o bien, puede decretar su libertad

NUEVO LAREDO, TAM.- La situación legal del ex Secretario del Ayuntamiento, Juan Fernando Miranda Macías, se habrá de determinar durante la mañana de este jueves, por parte del Juzgado Segundo Penal.

La titular del juzgado, habrá de establecer si hay pruebas suficientes para dictar un auto de formal prisión en contra del ex funcionario municipal o bien, puede decretar su libertad.

En torno a este proceso que se integró en contra de Miranda Macías por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, hay otras dos personas contra quien se libraron órdenes de aprehensión.

Por la secrecía del expediente, se omiten los nombres de los dos ex funcionarios municipales, que se encuentran prófugos de la justicia.

Juan Fernando Miranda Macías durante la administración municipal 2011-2013, celebró un convenio con una empresa a la que se le autorizó el diseño, fabricación, suministro e instalación de hasta 100 (cien) paraderos de autobuses de las líneas concesionarias de los servicios de transporte público municipal, lo anterior sin contar con las facultades para ello.

De acuerdo al Código Penal para el estado de Tamaulipas, este delito se tipifica en el Artículo 222 y la penalidad es sancionada por el Artículo 223.

Este artículo establece:

ARTICULO 223.- Al responsable del delito de uso indebido de atribuciones y facultades, se le impondrán las siguientes sanciones:

I.- Cuando el monto a que asciendan las operaciones a que hace referencia este Artículo no exceda del equivalente de tres mil días de salario, se impondrán de dos a seis años de prisión, multa de cien a cuatrocientos días de salario y destitución e inhabilitación de tres a seis años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, y

II.- Cuando el monto a que asciendan las operaciones a que hace referencia este Artículo, exceda del equivalente de tres mil días de salario, se impondrán de seis a catorce años de prisión, multa de doscientos a cuatrocientos días de salario y destitución e inhabilitación de seis a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

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